Refiriéndose al debate sobre la reforma constitucional, señala que los políticos no son buenos jueces de sí mismos, porque cuando alguno se descubre una debilidad pide misericordia. Considera que la verdadera democracia no es la posibilidad de opinar, sino la de poder decidir, por lo que entiende que la consulta no es democrática, porque no obliga al que escucha, y que en cambio, otorga mucho poder al que dispone y ninguno al que propone. Asimismo, entiende que la condición legislativa y constituyente es incompatible, ya que la primera emana de la segunda. Cree que los políticos habitan en un pozo constitucional y que de él sólo los saca una Asamblea de ciudadanos y no de partidarios.

Hace un comentario positivo acerca de la propuesta que hizo el presidente Leonel Fernández de la reforma constitucional, señalando que el mandatario sugiere que la modificación sea hecha mediante una consulta popular, lo que considera sería lo más prudente. Expresa que quienes propugnan proque la reforma, la número 37 en su historia , sea ejecutada por las autoridades ya electas, sostienen que ese es un derecho de representación consignado en lo que fue el voto popular. Dice que la respuesta del mandatario respeta el derecho legítimo de los congresistas, y respalda lo único que se persigue en una Constituyente, que no es más que los diferentes sectores y personas sean tomadas en cuenta. Sostiene que pese a tener control del universo congresional, y estar a poca distancia numérica del veto en materia de reforma constitiucional, el Gobierno ha expresado su interés en solo ser facilitador del proceso y ha encargado a una comisión de elaborar todo el andamiaje jurídico y procedimental del proyecto de consulta.

Pone de manifiesto algunos puntos referente al debate de la reforma constitucional, señalando que le parece bastante sensata la iniciativa del presidente Leonel Fernández de iniciar un proceso de consultas a todas las fuerzas del país a los fines de establecer las bases objetivas del consenso para la Reforma de la Constitución. Cree que la modificación a través de una Asamblea Constituyente sería el método ideal, pero entiende que en estos momentos esa iniciativa carece de la coyuntura favorable para un evento de esa naturaleza, y que iniciar un proceso de elección de representantes o Constituyentes para conformar una Asamblea Constituyente para que efectúe los trabajos de reforma de la Carta Magna sería en los momentos actuales un poco complicado. Refiere que como se trata de la elaboración y revisión completa de un nuevo texto constitucional por consenso nacional, valdría la pena que se estableciera en la especie la modalidad de que una vez aprobado el texto de la nueva Constitución por la Asamblea Nacional antes de su proclamación se consigne que el mismo sería perfecto y vinculante.

Leonel Fernández Reyna, titular el Poder Ejecutivo de la República Dominicana, (en franco ejercicio de Gobernador de Colonia), es, sin duda alguna, un político de la era virtual. Su constante navegar por el espacio cibernético y su pasión por imágenes que sustituyen la realidad, ha facilitado su conversión a una especie de "balaguerito digital". Balaguerito, porque por más que se empeñe en imitar a Balaguer, carece de la densidad y zagacidad reaccionaria de ese señor, uno de los gobernantes más perversos de la historia latino-caribeña moderna. Digital, por su capacidad para simular dentro de un estilo moderno, globalizado, finamente (?!?!?) neoliberal, cibernético y mercadológico. Veamos algunos indicadores recientes de esta afirmación: * La propuesta de Asamblea Constituyente por elección popular está contenida en el programa del PLD desde antes de ser gobierno en el período 1996-2000 y con ella nos amenazó varias veces el propio Leonel. Ahora, camino a la reelección, con un Congreso copado por el comesolismo pelediano, volvió sobre esos pasos. Lanzó una burbuja que no se atrevió a seguir inflando y la hizo explotar: no elecciones constituyentes, sino consulta para que los Juancito Sports (empresario de bancas de apuestas y otras lavanderías) y Radhamés García (traficantes de chinos) y todos sus compañeros decidan el nuevo destino de la Constitución.

Expone algunas ideas sobre lo que se debe hacer para llegar a un feliz término con la reforma a la Constitución que ha propuesto el presidente Leonel Fernández, señalando que en el tema de la reforma constitucional, la manera de realizarla es lo que se debate. Dice que un número de tratadistas, que incluye al criollo Flavio Darío Espinal (Comunicación personal, Internet, 1 de junio de 2006), hablan de que las constituyentes terminan con textos extremadamente largos, con instituciones contrapuestas, con reglas difusas y con declaraciones de derechos que nunca encuentran sustancia en la realidad. Refiere que debemos ir hacia un concepto de participación efectiva según el cual la ciudadanía pueda dar insumos y propuestas sobre temas constitucionales con la garantía de que esas propuestas sean debidamente analizadas y tomadas en cuenta, afirmando que la propuesta del presidente Fernández de realizar la reforma antecedida por una consulta popular es la forma "efectiva de participación" de las masas en ese evento en los tiempos modernos. Asimismo, sostiene que una fórmula podría ser que una vez aprobado por los legisladores el Proyecto Constitucional, basado en las propuestas enviadas por la ciudadanía, sea sometido a un referéndum, donde esa misma ciudadanía diga directamente si sus propuestas fueron tomadas en cuenta, o no, por los congresistas.

Refiriendose al llamado que hacen diversas organizaciones al Presidente de que ponga fin a su silencio alrededor de los escándalos sobre actuaciones oficiales que han acaparado la atención pública en las últimas semanas sostiene que el mandatario cometería un error si atendiera ahora ese pedido al que está obligado, aunque puede ignorar ese deber. Considera que la opinión nacional distrajo su foco hacia otros temas traídos a discusión pública como por ejemplo, a la Reforma constitucional, la cual se hará no por medio de una Constituyente, como es el deseo nacional, sino a través de una consulta popular cuya manipulación se da por descontada. En el mismo orden dice que ya no se escucha el eco de las denuncias acerca del contrato para suplir de equipos a la Policía, ni de aquel que puso en manos de una empresa hasta entonces desconocida la titularización de propiedades estatales en la esfera privada y que aprovechando los temores ciudadanos sobre el auge de la criminalidad, sólo tomaron medidas ajenas por completo a las causas que la originan el problema.

Presenta como una necesidad el montaje de elecciones para designar constituyentes a escasos meses de haber elegido un congreso nuevo. Sustenta que la consulta popular debe ser reglamentada y puede ser aprobada una ley que regule su utilización Indica que como parte del debate constitucional desencadenado con la propuesta de reforma que ha realizado el presidente Leonel Fernández, se examinan las virtudes de hacer una modificación constitucional por vía de una constituyente o por vía de "consultas populares". En el mismo plano sostiene que nuestra Constitución necesita más que reformas, una intención marcada de hacerla cumplir.

Hace un comentario sobre el debate de la reforma constitucional, señalando que sobre el tapete está la discusión de si esa reforma se hace por consulta popular o mediante una Asamblea Constituyente, pero que en realidad, la Constitución no establece ninguno de los dos procedimientos, y refiere que ahora el presidente Fernández se ha inventado el método de la llamada "consulta popular", consistente en la opinión de un grupo de expertos, opinión que al final será evaluada por los senadores y diputados que conforman el Congreso. Se inclina por un procedimiento que podríamos llamar "de las dos reformas": la primera, para crear la figura de la Asamblea Constituyente; y la segunda, que sería la de fondo, a cargo de la Constituyente así creada, y que así no tendríamos sobre nuestras cabezas, cual espada de Damocles, la perenne posibilidad de que, por razones meramente políticas, los senadores y diputados cambien la Constitución para satisfacer caprichos coyunturales.

Reflexiona acerca de lo que debe ser nuestra identidad y nuestro proyecto de nación, señalando que el debate sobre nuestra identidad como nación y la importancia de clarificar dicha cuestión para impulsar nuestro desarrollo como país parece que no tiene voces que se le opongan. Agrega que la identidad no es una suerte de destino o rasgo inamovible de los que nacemos en estas dos terceras partes de isla, sino que constituye un proyecto a elaborar por la mayoría, pensado para bienestar de todos (no de unos cuantos) y utilizando el mejor talento disponible para vislumbrar los fines y medios que necesitamos para lograr el mayor bienestar posible. También, refiere que la identidad no es por tanto una cuestión de pasado, sino una utopía a construir, y que en el contexto del debate sobre la reforma constitucional en que estamos inmersos, gana relevancia el tema de lo que es la nación dominicana y las metas que queremos alcanzar. Dice que algunos, completamente equivocados, centran su interés en la metodología a seguir, en lugar de impulsar propuestas específicas, y que democratizar el debate sobre la Constitución no se reduce a defender asambleas populares o una constituyente.

Ofrece un panorama sobre el debate de la reforma constitucional, expresando que independientemente de que esa reforma se produzca por la vía de una asamblea constituyente o revisora, hay que precisar muy bien el mecanismo previo de consulta popular y política que debe servirle de apoyo. Dice que el primer asunto que debe dilucidarse son los términos mismos en que el Poder Ejecutivo podría conducir la consulta, y asegura que no se trata de la buena o mala fe del Gobierno, sino del dirigismo del procedimiento, ya que al fin y al cabo quienes dirigen el Gobierno representan también a un partido. Le parece que la idea manejada por la sociedad civil de que sean los ayuntamientos los espacios donde se organicen los debates ciudadanos podría ser la mejor respuesta, y afirma que lo que se demanda es una consulta vinculante que involucre en un mismo debate, en un solo marco y tiempo, al Gobierno, al Congreso, a los partidos y a la ciudadanía.

Expone algunos puntos relacionados al debate sobre la reforma constitucional, haciendo énfasis en posiciones de diversos sectores que han tratado el tema, y señala que siendo la idea de reforma constitucional ya una realidad concreta (o una amenaza creíble, según se vea), por el mecanismo de mayoría legislativa del partido que la propone, el argumento de algunos sectores empieza a moverse hacía lo inoportuno de realizarla ahora. Dice que en cuanto a los que todavía sostienen sinceramente la reforma por constituyente, es decir que sí están de acuerdo con la reforma constitucional, y quieren llevarla a cabo, se enfrentan al argumento de lo traumático que sería para el país una nueva elección, y agrega que mientras más tiempo dure el proceso de reformar, mayor será el riesgo de que la reforma no tenga lugar. Asimismo, entiende que el concepto de consulta popular, es el que deberían los sectores más progresistas propugnar, defender, empujar y exigir, ya que el mecanismo no sólo resulta más democrático que la constituyente, sino que además asegura, contrario a lo pretenden algunos sectores, que las lagunas existentes en la Carta Magna, favorables a lo peor del estatus quo, incluso jurídico, se mantengan.

Dice que es importante que el país no se empantane en la consecución de tan importante paso, como lo es la reforma constitucional, que es bueno resaltar, no es el único en materia de reforma que necesita la nación. Agrega que quienes propugnan por una constituyente lo hacen en procura de garantizar que todos los sectores estén representados, y eso está bien, solo que esa buena intención puede ser abortada por las complejidades de su implementación y los oscuros intereses que beneficiados del mal de cosas imperantes la torpedearía en aras de evitarla o cuando menos prorrogarla. Sustenta que si este proceso se realiza con transparencia, participación y limitándose solo a un rol de facilitador, las consultas populares que impulsa el Poder Ejecutivo vendrían a ser esa garantía de participación que reclaman los abanderados de una constituyente.

En referencia al discurso del presidente Fernández para lanzar la consulta para la reforma constitucional, ve que existe contradicción con la parte de su discurso en que compara la reforma constitucional con una "revolución democrática", y dice que prefiere la vía constituyente porque, bien reglamentada, puede garantizar que la mayoría de los grupos en que se divide la sociedad dominicana estén representados, y agrega que la convocatoria a consulta popular que se ha realizado, si se mantiene en el esquema en que fue concebida y según el cuestionario dado a conocer, no garantiza la participación de la ciudadanía, ni de sus grupos más representativos, ¿Por qué la consulta como se está convocando no garantiza el debate abierto? Porque las 77 preguntas que se formulan están elaboradas de tal manera que sólo pueden tener o respuestas afirmativas o respuestas negativas, y no ofrecen la oportunidad de argumentar o plantear temas distintos. Son preguntas muy dirigidas. Además, cree que no está claro cómo se procesarán las respuestas, ni si es posible que las personas que participen de las consultas tengan mecanismos transparentes para saber si sus respuestas fueron o no consideradas. Considera que ese proceso de reforma puede ser, o como el Metro -que se consultó para no hacerle caso a nadie- o como un diálogo para escuchar a la gente, y que para lograr esto último hay que rechazar el cuestionario y dialogar sobre otras bases.

Dice que en nuestro país, lamentablemente, es costumbre que las cosas empiecen y al poco tiempo se conviertan en rutina o desaparezcan, ya que muchas son usadas como una especie de camuflaje. En esto dice que no sabe si la reforma constitucional será otra de esas "genialidades" que por algún tiempo obligan a través de los medios a que los dominicanos nos olvidemos de los verdaderos problemas del momento y de sus soluciones, pero, vaya, que viva la reforma de la Carta Magna sea por Constituyente o por Consulta Popular, pero, por Dios, no releguemos a un plano olvidado cuestiones tan elementales como la aplicación de verdad del programa de seguridad democrática. Expone que el decreto que dispone límite para el expendio de bebidas alcohólicas en las madrugadas, poco a poco ha venido cayendo como las esperanzas aquellas de quienes aún aspiran a un mejor país e instituciones fuertes sin aspavientos ni falsas expectativas...

Expone que un ejemplo de atraso político en el país lo constituye el hecho de que un político resulta electo en tres ocasiones consecutivas para el elevado puesto de senador de la República y otras tantas veces ha renunciado para ocupar, con la complacencia del liderazgo partidario, un irrelevante cargo con presupuesto propio y ajeno. Agrega que la respuesta y reacción de la oposición a la propuesta de reforma constitucional por vía de consulta popular presentada por el presidente Leonel Fernández constituyen otro penoso ejemplo de atraso político. Califica el discurso de oposición de PRD como simplista, clientelita y absurdo, que hace temer que esa estructura padezca un mal incurable de atraso y autodestrucción. Continúa diciendo que el argumento esencial del PRD es que la nación tiene otras prioridades y la iniciativa presidencial sólo busca distraer la atención pública, y con actitudes como esta es imposible que una sociedad pueda avanzar aunque sea un milímetro. En su conclusión dice que la propuesta de reforma constitucional por vía de consulta popular puede ser el último chance que tendría la sociedad dominicana para poder salir del pantano que sólo beneficia a un liderazgo partidario moribundo.

Dice que se inscribe entre los que creen que la reforma es inminente, y por los factores que están involucrados en ese proyecto, aunque se presenten algunas dificultades, de ninguna manera van a ser suficientes para impedirlo. En este sentido argumenta que la convocatoria del presidente de la República, ha despertado interés, no ya entre sus partidarios y colaboradores, como es natural, sino que ha insuflado las pasiones de quienes adversan su iniciativa, lo que, en vez de desestimular el debate, le agrega el ingrediente indispensable de la contradicción. Deja claro que a través de su columna participará activamente en todo el proceso relativo a la reforma constitucional y agrega que los defensores de la reforma mediante la Constituyente, arguyen que se trata de una táctica presidencial conducente a valerse de la mayoría congresional que ostenta para obtener determinadas ventajas, lo que muestra una debilidad en los que así piensan, y es que nada les garantiza que una eventual elección popular para escoger a los constituyentes repita la experiencia anterior y el Partido de la Liberación Dominicana reciba una votación igual o muy parecida. Cree que, más que diferir en cuanto al procedimiento que se debe aplicar para hacer la reforma constitucional en el trasfondo lo que se observa es una lucha fiera entre los partidos políticos por mantener cierta primacía y aparecer a los ojos de la población como los protagonistas del proceso.

El debate sobre la próxima reforma constitucional cada día cobra más vigor. Parece un río crecido. Viene bajando con mucho ruido. Además, arrastra todo lo que se interpone en su camino. Y no es para menos, porque las cuestiones que tienen que ver con la Carta Magna participan de las virtudes del agua. Pueden ser mansas, refrescantes y suaves cuando están en calma; pero también suelen convertirse en una fuerza tan grande, especialmente cuando se valoran adecuadamente sus efectos y trascendencias, que nada queda ajeno a sus influencias. Todo lo transforma y todo lo funda. Así las cosas, no es de extrañar que todos los cerebros pensantes de la sociedad se pronuncien sobre la venidera revisión a la Constitución. El presidente Leonel Fernández fue el que la puso en la agenda nacional con los pronunciamientos que hizo a raíz del triunfo obtenido por su Partido en las recién celebradas elecciones congresuales y municipales. Aseguró que en este mes de julio se realizarán los trabajos y contactos que sean necesarios para que el Congreso dote al país de un nuevo Pacto Fundamental. Pero el presidente Fernández Reyna no quiere una reforma de las que con ligerezas se han hecho y que, por desgracia, estamos acostumbrados. No desea hacerse un traje a la medida, ni va a permitir que los que acostumbran a nadar y guardar la ropa, que saben hacer ganancias de pescadores en río revuelto, se salgan con las suyas. Por eso creó la comisión que se encargará de hacer las consultas populares como previo paso para el gran diálogo nacional que concluirá necesariamente con el parto de la nueva Constitución. Con eso se asegura que tendremos una concertación nacional. Y para que a nadie le quepa duda del tipo de reforma que se realizará, afirmó que el pueblo, el soberano, será el verdadero protagonista de ese proceso.

Hasta poco antes de su retorno al poder, y como una cuestión que parecía estatutaria, el liderazgo peledeísta ponía todos sus huevos en la canasta de una asamblea constituyente como único medio idóneo para cualquier posible reforma constitucional. Hoy se lanza hacia la fórmula de la Asamblea Revisora, con la fachada de una "consulta popular" como paso inicial. El PRD, de su lado, viene de recurrir al fuego de la Asamblea Revisora que utilizó para cocer la reforma constitucional pro reelección cuando la aplanadora congresional del Jacho se dedicó exclusivamente a saciar el apetitito del continuismo hipolitista. Desalojado del poder, en amplio sentido, el Buey Blanco ha convertido ahora a la Asamblea Constituyente en su opción favorita. Dios los cría, individualmente, y luego el Diablo se ocupa de igualarlos en procederes. Con certeras palabras el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, advirtió antier durante un acto en Santiago que cuando los tribunales le fallan a la sociedad en su obligación de castigar la delincuencia, los pueblos se lanzan a aplicar justicia por sus propios medios. En un almuerzo que la secretaria de Educación, Alejandrina Germán, convocó para buscar el respaldo de la clase pudiente a nivel nacional para que acuda en auxilio de las escuelas públicas carentes de muchas cosas. Fue notorio en ese encuentro que los únicos magnates de negocios que respondieron con presteza al llamado de Alejandrina fueron los santiagueros. Los demás empresarios se volvieron "buchipluma no ma", según contaron algunos de los presentes.

Además de las dificultades y consecuencias negativas de toda índole, el señor Presidente dejó abierto, en un discurso de 90 minutos en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), un proceso de consultas populares a todas las organizaciones comunitarias, para modificar la Constitución de la República. Muchos se preguntarán, ¿por qué ahora esta reforma?, en una sociedad que está atrapada entre varias corrientes contrapuestas, que son confusas y trastornadoras, con una serie de males y luchas donde los problemas que van surgiendo solamente se solucionan precariamente o se postergan; reduciéndose a veces a denuncias de mentiras que desprecian el valor de lo que se dice. Si somos honestos este es nuestro caso. No se debe culpar al vecino ni exclusivamente al Gobierno. Todos cargamos con nuestros pecados y culpas y somos responsables de una manera o de otra. Sinceramente creo que en esta cruzada por defender los supremos y vitales intereses de la Nación, todos, sin discrepancias y sin dejarnos arrastrar por ciegos y fanáticos sectarismo, pudiéramos concurrir a edificar la reafirmación del pensamiento democrático de nuestro Presidente para evitar convertirlo en un elegante ámbito académico en vez de servir de luminosa guía para un ejemplar comportamiento futuro.

QUINTAESENCIA (LEONEL DIO LECCIONES) Rafael Ciprian El discurso que prenunció el presidente de la República Leonel Fernández, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con motivo de lanzamiento de su propuesta de consulta popular, de cara a la próxima reforma constitucional, tiene todos los elementos que son necesarios para calificarlo como una pieza de oratoria de importancia histórica. Esa alocución sentó un hito. Sobre ella tendremos que hablar durante mucho tiempo. La brillantez con que fue destruyendo una a una las objeciones a la anunciada reforma, nos revela la presencia de un polemista de fuste. Cuando esbozó la inquietud de muchos voceros de la oposición comprometidos en bloquear el proyecto oficial el Presidente remató con una avasalladora interrogante "¿y por qué no antes?" Ciertamente, el comentado discurso esta preñado de virtudes que lo hacen memorable, y que no pueden ser compendiadas sin caer en burdas simplificaciones.

Dice que todo indica que no valdrá de nada la posición asumida por el PRD en oponerse a la reforma constitucional, ya que el PLD ha manifestado que no dejará pasar la oportunidad y reformaran porque el partido blanco tuvo su momento y lo único que hizo fue restablecer la reelección presidencial. Sustenta que después del PRD impulsar la reforma constitucional en el 2002 hoy se muestra opuesto a todo lo quiera hacer el Gobierno, hecho que era de esperar porque ahora no tienen el control del Palacio, esto con una dirigencia a la que se ha sumado Emmanuel Esquea Guerrero, gran conocedor del derecho, pero en lo que el hacha va y viene ya se hizo el llamado a consulta popular. Expone que uno de los temas en la consulta popular es si se permite a los militares ejercer el sufragio para que puedan elegir aunque no sean elegidos, considera que este tenor ha abierto el interés en las filas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

La discusión de la reforma constitucional sugerida por el presidente Leonel Fernández arrancó en el desacuerdo, pero para alcanzarla será necesario el consenso con los sectores involucrados. Se necesitará el concierto de una parte de la matrícula congresional de la oposición, puesto que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) apenas tiene 118 representantes. Para lograr la mayoría especial (las dos terceras partes) para modificar la Constitución, es decir, 140 legisladores, será necesaria una negociación. Esta cuestión se levanta como el principal obstáculo del Presidente para lograr la reforma. De su lado, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) argumenta que la reforma no es una prioridad para la nación, y en todo caso, debería hacerse mediante una Constituyente. Pero el PRD no cerró totalmente las puertas. Tiene su propio proyecto y además se reserva las posiciones finales para cuando el proyecto llegue al Congreso. En tanto, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), también ha expresado distancia, en línea de coincidencia con el PRD, prefiere la reforma a través de la Constituyente, pero apuesta al diálogo. Mientras, Participación Ciudadana manifestó su rechazo a toda reforma que no sea mediante Constituyente, sin embargo, Institucionalidad y Justicia (FINJUS) poco le importa la forma, sino el contenido, y en tal virtud está dispuesta al diálogo y a la participación. Mientras tanto, el Gobierno está embarcado en la reforma constitucional, y ha mostrado su disposición de avanzar en esa dirección. En lo inmediato divulgó el contenido de la actual Constitución con las propuestas de cambios, a través de todos los medios escritos de comunicación. Si bien tuvo que posponer la primera convocatoria a debate en varios lugares del país, ha reafirmado la primera convocatoria para este jueves 19 de octubre en Santiago. La presentación del pasado lunes del presidente Leonel Fernández cambió el panorama de deficiencias y falta de iniciativas, arropado por una escasez de combustibles, el deficiente servicio eléctrico y la caída de otros servicios como agua potable, la recogida de la basura y el brote de dengue. Ahora el debate sobre la propuesta de reforma constitucional llenó todos los escenarios de debate.

Elogia el discurso del Presidente con motivo a la inauguración de la consulta popular de la constitución. Sostiene que el Presidente dejó saber qué es lo que cree de la Constitución como esencia del estado democrático social y cómo cree que debe ser reformada, por consenso, a profundidad y con la participación de la mayor cantidad de mayoría que se pueda. Agrega que quizá el presidente Fernández supo en todo momento que rendía un homenaje al verdadero y no declarado padre de la democracia al que su partido, tantas veces, ha parecido olvidar.

Hace una crítica al PRD, expresando que para quienes se educaron políticamente con el pensamiento y obra de Juan Bosch bien sabían para donde iba el PRD mucho antes del 16 de agosto del 1978, y que no era cuestión de adivinar el futuro, sino de auscultar las condiciones morales y políticas de quienes controlaban y controlan mayoritariamente el amasijo de facciones que es el PRD. Recuerda que para quienes todavía no entienden la patología del PRD les basta leer la prensa de la semana pasada en torno a la reforma de la Constitución, señalando que luego de que el presidente Leonel Fernández lanzara en un lucido acto la Consulta Popular en torno a la reforma constitucional, los altos dirigentes del PRD denostaron hasta el cansancio la propuesta con argumentos vulgarmente populistas, y que no pasaron dos días y ahora dicen que ellos van con una propuesta de reforma constitucional y amenazan con usar su cuota en el Congreso para bloquear la propuesta resultante de la Consulta Popular. Afirma que hay que sumarle a eso que el presidente del PRD, Ramón Alburquerque, anuncia como un "logro" haber "revertido" el incremento de popularidad del Presidente Fernández entre los partidos de la Internacional Socialista. Definitivamente andará el PRD en el limbo político en lo que le queda de vida como organización partidaria.

Asegura que el presidente Leonel Fernández ratificó al país las profundas convicciones democráticas que le animan en su ejercicio del poder político, resaltando que el Presidente ha abierto las compuertas para que los dominicanos participen en las consultas populares que permitirán esbozar un proyecto de la Constitución. Asimismo, expresa que las consultas populares, que ya se iniciaron la semana pasada, han comenzado a convertir al pueblo en protagonista, en sujeto proponente de una nueva Carta Magna. Afirma que cualquier dominicano humilde valora más que se le permita participar en una reunión para discutir la Constitución, que tener que ir a votar por un candidato a constituyente, y agrega que discutir una reforma constitucional no implica que el Gobierno se distraiga en la búsqueda y aplicación de soluciones a los problemas que tradicionalmente han afectado a la sociedad, como el de la electricidad, y concluye con que apoyemos la reforma a la Constitución y que participe cada cual según sus medios y posibilidades, en la reingeniería de nuestras instituciones.

Le hace una dura crítica al Gobierno por el dinero que está invirtiendo en la reforma constitucional, y es que considera que las pudo formularlas cualquier estudiante de los jurisconsultos designados o cualquier profesor de derecho. Dice que el documento es un caramelo para endulzar a los tontos, una trampa para los partidos de la oposición y para intelectuales y pseudointelectuales a los que les gusta el protagonismo de los medios de comunicación. Considera que el interés del Gobierno es meter al país en la discusión interminable, sin ton ni son, quiere una discusión de nunca acabar, como el Diálogo Nacional de la primera gestión del presidente Fernández que el extinto líder del PRD José Francisco Peña Gómez denunció como una maniobra política. Agrega que el Diálogo Nacional sirvió para poner de mojiganga a todos los que se prestaron al juego y en el mismo se gastaron "nadie lo sabe con exactitud" cuantos millones de pesos en esa pendejada que bien pudieron ser invertidos en medicinas. En este orden sostiene que cuando el Presidente no tenía más que un senador y estaba en la oposición, hablaba de una modificación constitucional a través de una Constituyente y así lo hizo consignar incluso en su programa de Gobierno, mientras que ahora que tiene muchos senadores y muchos diputados y muchas bocinas y muchos cuartos, habla de una consulta popular trayendo dos españoles para que juren y perjuren que lo mejor es una consulta popular.

Entiende que el presidente Leonel Fernández, al empeñarse en reformar la Constitución mediante Asamblea Revisora y consulta popular, y por el manejo inadecuado a problemas como el eléctrico, está tejiendo su propia trampa en la que caerá como víctima, agregando que se empeña en reformar la Constitución cuando la percepción ciudadana apunta hacia otras prioridades. Afirma que cuando se esperaba que por fin los contratos eléctricos fueran revisados para que las empresas se sometieran a la Ley de Electricidad, después de anunciarse muchas veces, comienza a escucharse voces oficiales que postulan modificar la ley para que los contratos dejen de ser ilegales, al igual que voces interesadas que condicionan esa revisión al pago de una supuesta deuda originada en energía comprada a sobreprecio, al margen de la ley. Asimismo, afirma que el Gobierno no se da cuenta que está cayendo en el síndrome del triunfo post electoral que se manifiesta en su descomposición, y agrega que para los reformistas, ese síndrome y esa trampa, le imponen la obligación de buscar su recomposición para convertirse en opción de poder en el 2008.

Al comentar sobre un escrito de Flavio Darío Espinal en 2001, referente a la reforma constitucional, cree profundamente en el papel de la ciudadanía, como sancionador último de cualquier norma, o cualquier institución o cualquier procedimiento de la Constitución, porque ésta es la que define la comunidad política y por tanto debe tener una función popular de la manera más amplia posible. Dice que Espinal es miembro de la comisión de especialistas en materia constitucional encargados de preparar, mediante las consultas que fueren necesarias, las propuestas de modificación de la Constitución, y que éste y gran parte de los miembros de esa comisión tienen la gran responsabilidad de garantizar una consulta amplía y democrática. Sostiene que de los juristas que conoce puede decir que Aura Celeste Fernández, César Pina Toribio y Luis Gómez se han colocado en muchas ocasiones al lado de las fuerzas del progreso. Milton Ray Guevara y Eduardo Jorge son antiguos directores de FINJUS que hicieron su contribución en materia de institucionalidad y de participación de la ciudadanía en el mejoramiento del sistema jurídico dominicano, por lo que entiende que un cambio constitucional define la comunidad política, como dijo Espinal, y por tanto la ciudadanía debe participar de la manera más amplia posible. Apela a esa trayectoria y experiencia para solicitarles que sopesen las críticas que se le han realizado al cuestionario base de la consulta y al secretismo que se mantiene en cuanto a la forma en que se abordarán sus resultados. Un cambio constitucional define la comunidad política, como dijo Flavio Darío, y por tanto la ciudadanía debe participar de la manera más amplia posible, no debe ser relegada, ni tratada como si sólo fuesen capaces de decir sí o no a una serie de preguntas.

Habla de que los propulsores de las consultas populares como mecanismo para impulsar una nueva reforma a la Constitución, exponen la diversidad de criterios que se recogen, y que con cerca de un tercio de millón de volantes circulando, las opiniones conforman una rica variedad de puntos de vista, según se alega. Agrega que algunos de cuantos defienden el proceso de la Asamblea o Congreso Nacional Constituyente alegan el matiz de institución soberana otorgable a la misma. Reclama la necesidad de darle tintes de seriedad al quehacer político, ya que de eso último debíamos tratar en el rejuego que se plantea. O, como alternativa, enterrar, con solemnes funerales, el nuevo intento de reforma. Recuerda que mientras Leonel Fernández fue ex Presidente de la República, se abanderó a la Asamblea o Congreso Nacional Constituyente. El Presidente de la República lo era Hipólito Mejía, y que al cambiarse los papeles, ahora, también variaron los planteamientos de ambos, por lo que aconseja que el tema tiene que abordarse desde la palabra comprometida. Y al repasar los puntos de vista externados, darle sustancia y esencia a la palabra empeñada. Pide que ojalá que ese ardid de la política no sea el armario en que estemos encaramando a la Constitución de la República.

Expone que Leonel Fernández está actuando estratégicamente con el tema de la reforma constitucional y con esto hace alusión incluso al lugar en el que se hizo la primera reunión para abordar este tema y la forma como fue abordado. Dice que creer que la arista de mayor cuestionamiento al actual gobernante consiste en evidenciar la disparidad de criterios existentes en su programa de gobierno y la consulta popular constituye un ejercicio de subestimación injustificable. Continúa agregando que nadie se puede llamar a engaños porque el trasfondo del ejercicio de teorías, argumentos y propuestas reformadoras posee una carga de intención política donde todos los caminos conducen al fortalecimiento de Leonel Fernández Reyna. Sostiene que el PRD puede ser chantajeado bajo el falso predicamento de que los acontecimientos de la reforma del año 2002 invalidan a la organización para opinar con objetividad sobre el tema, pero desea que los intentos reeleccionistas provengan del sector oficial porque servirá para desenmascarar a los nuevos apóstoles obligados a realizar maromas conceptuales para justificar ahora lo que aborrecieron en el año 2004

Ofrece otros puntos de vista positivos a la reforma constitucional vía la consulta popular, expresando que si hay algo positivo de la realización de la consulta popular para la reforma constitucional es el impacto que ésta tendrá en la difusión de la cultura constitucional, en la creación de un "sentimiento constitucional", y agrega que se podrá criticar la no convocatoria a una constituyente, se podrá hablar de pactos incumplidos y de cosas que son con guitarra y otra con violín, pero lo que no se puede negar es que la consulta popular, bien llevada como se quiere, tiene indudables efectos pedagógicos, de construcción de ciudadanía. Dice que se trata de un procedimiento de reforma novedoso, pero que nadie puede negar que la reforma siempre debe ser momento para la creatividad constitucional. También, resalta que la consulta no excluye el pacto político ni el consenso social. Muy por el contrario: le da bases firmes para su emergencia y perfeccionamiento, y que como se puede observar, el procedimiento de consulta conlleva una cultura de reforma constitucional que empodera al ciudadano y que lo hace actor principal de la modificación constitucional, por lo que entiende que es un buen momento el que atraviesa la RD, y pide que ojalá podamos aprovecharlo para no sólo tener Constitución, sino también vivir en Constitución.

Se muestra a favor de reforma constitucional participativa propuesta por el Presidente y dice que como siempre era de esperarse que aparecieran ciertos opositores. Dice que está de acuerdo en una impostergable reforma constitucional abarcadora, profunda y de alto espíritu democrático, en donde, como señaló, Leonel Fernández, desaparezcan de una vez y por todas los privilegios irritantes. Agrega que tal pareciera que la oposición política, blancos y colorados, quienes tenían dos años en silencio resolviendo sus escandalosos problemas internos, han decidido ponerse de acuerdo para fastidiar el proceso de reforma constitucional.

Dice que en una reforma constitucional la forma de realizarla puede determinar lo que al final se apruebe y esa fue la enseñanza de la reforma del 2002, ya que la Asamblea Revisora desconoció las consultas y acuerdos previos para sólo conocer y aprobar lo que era de particular interés para el partido que tenía la mayoría en las cámaras legislativas. En este sentido alega que esto puede pasar de nuevo puesto que hay un partido con una mayoría parecida y con capacidad para lograr la necesaria para aprobar la reforma constitucional, sobre todo porque los acuerdos de la llamada Consulta Popular no son ni siquiera políticamente vinculantes para los trabajos de la Asamblea Revisora. Agrega que se defiende que esta vez no sucederá lo mismo que en la reforma del 2002 porque en esta ocasión es promovida directamente por el Presidente de la República, dentro de la "revolución democrática" que ha declarado como prioridad y que supone el fortalecimiento de las instituciones y recortes en los poderes hegemónicos del titular del Poder Ejecutivo, lo que le ha permitido solicitar, de manera personal, la confianza de la ciudadanía y que se presuma la buena fe. Sostiene que pese a esta solicitud del Presidente, en política conviene tener un "seguro" para el caso en que, por las razones que fuera, esta buena fe no se haga presente y sugiere la Asamblea Revisora para este fin. Por otro parte sostiene que debiera aprovecharse la oportunidad para dejar establecido en el texto constitucional una fórmula que haga imposible que un solo poder del Estado, o un partido con mayoría en el Congreso, pueda realizar una reforma constitucional de manera unilateral, sin necesariamente hacer consultas o no tomarlas en cuenta. Pregunta que por qué es tan difícil hacer aquí lo que se hace en otros países en un tema tan sensible y delicado como éste (iniciar el proceso con un pacto político, al menos de los partidos con representación en el Congreso).

El presidente de la República, desde la tribuna del poder, con el aplauso de los intereses gobernantes causantes de las injusticias acumuladas aquí, ha dicho haber iniciado la Revolución Democrática, asociándola a la casi decretada reforma de la constitución por vía de la auto-consulta del sector gobernante que el mismo encabeza, dentro del status quo. Quienes inicien la revolución democrática no es lo relevante en esta entrega. Sin embargo, es necesario decir que este no es un proceso personal: que muchos/as han luchado políticamente por ella, pero quién la determina es el desarrollo económico paralelo a una consciencia social que la procurará hasta conquistarla, con independencia de quienes la obstaculicen. Reforma Constitucional y Revolución Democrática lanzadas al estilo de la construcción del metro son placebos políticos, soporíferos que sólo adormecerán y auto-complacerán a los propios, pero que nadie más tomará. Sin embargo el Presidente quiere que así sea, seguramente tendrá objetivos estratégicos particulares envueltos en tal decisión, que no son los del interés nacional. Por tanto hemos de pensar que contra estos se dirige.

Entiende que por lo delicado que es el tema de reforma constitucional, considera que se debe proceder a una Campaña de Educación a la Ciudadanía, y expresa que la Carga Magna es el fundamento de nuestro ordenamiento jurídico, el texto que rige la organización y el funcionamiento del Estado y sus instituciones, por lo que asegura que una reforma constitucional implica tocar los cimientos del Estado, remover la zapata sobre la que está edificada la nación puesto que se trata de la Ley de Leyes, y agrega que el primer paso a darse en ese sentido, debe ser la realización de una Campaña Nacional de Educación Constitucional, en la que se involucren tanto el Estado como instituciones de la sociedad civil, a fin de hacer llegar a cada dominicano, no importa en cuál rincón del país se encuentre, el texto magno que garantiza sus derechos. Dice que la nuestra ciertamente necesita ser reformada, y que en ese aspecto todos los sectores están de acuerdo, pero ¿Mediante cuál mecanismo? Y asegura que corresponderá también a esa Campaña de Educación explicar qué es la Consulta Popular y qué la Constituyente, exponiendo las ventajas y desventajas de cada una.

Dice que el PRD tiene razón al cuestionarse la pertinencia de realizar una reforma constitucional cuando el país enfrenta graves problemas que debieron haber sido resueltos hace tiempo; demandar que las reformas a la Carta Magna se realicen a través de una Asamblea Constituyente, no de la Revisora precedida de una Consulta Popular cuyos resultados no son ni siquiera políticamente vinculantes, así como solicitar un amplio consenso y oponerse a que se nombren como miembros de la Junta Central Electoral a personas vinculadas o en representación de los partidos políticos. Al mismo tiempo sostiene que este partido no tiene calidad moral, y mucho menos política, para hacerlo, y tampoco para exigirlo. Cuando estuvo en el poder, con una mayoría similar a la que tiene ahora el PLD, mantuvo al país en una zozobra constante porque en cualquier día uno de sus representantes en el Congreso presentaba un anteproyecto de convocatoria de la Asamblea Revisora para modificar la Constitución, hasta que lo lograron, desconociendo acuerdos, consensos, pactos políticos previos, incluyendo la propuesta de un texto constitucional resultado de esos acuerdos.

Entra con estas preguntas: ¿Más impuestos? ¿Para pagar qué? ¿El Metro tramposo que nadie avisó ni presupuestó? ¿Los viajes en primera, las ferias oficiales, las yipetas excesivas, el HOMS, los contratos sobrevalorados, el paisajismo de Margarita Gómez, los vicecónsules de NY, los préstamos onerosos de tres décadas, o la nómina pública, que, como el Universo, está en expansión? ¿Para pagar la campaña de 2008? Y agrega que no existe Gobierno en el mundo que teniendo mayoría absoluta en el Congreso e impulsando por iniciativa propia una reforma constitucional, vaya a dejar colar algo que no le convenga. También, refiere que las consultas populares, que van a arrancar algún día por los barrios y pueblos de nuestra geografía, pueden ser de extrema utilidad, ya que las amas de casa tienen que explicar, entre enjundioso concepto y enjundioso principio constitucional, cómo se hace para no gastar más de lo que se puede pagar y cómo se establece la prioridad en los gastos. Comenta que paliando la evasión de los de arriba, la imposibilidad de los de abajo y los abusos públicos, la clase media está temblando.

Expresa que no está de moda hablar de democracia burguesa ni nada que suene a comunismo colapsado, pero afirma que observa fijamente el debate que ha desatado la propuesta del presidente Leonel Fernández de reformar la Constitución, y aclara que mucho antes de que en el país se iniciara ese debate, ha expresado escepticismo hacia las reformas totales a la Carta Magna y la elección de asambleas constituyentes para realizarlas. Dice que entre expectativas de cambio y fracasos en alcanzarlos, surge el espejismo de que muchos problemas se resolverán con una nueva Constitución que emerja de la participación popular en asamblea constituyente, y que como la política dominicana oscila entre la obstrucción y la subordinación, el Presidente nombró coordinador de la tarea al mediador por excelencia (Agripino Núñez Collado) para que le ayude a impulsar el proyecto e intenta además profesionalizar el proceso con el nombramiento de una comisión de expertos constitucionales. Sostiene que así las cosas en el actual panorama político dominicano, tendremos que esperar varios meses para saber si la reforma será abortada como desean sectores de la oposición, se realizará en la modalidad propuesta por el Presidente, o sólo se modificará el método de reforma para permitir en algún futuro elegir una asamblea constituyente que realice los cambios.

Sustenta que el Presidente acaba de declarar en San Cristóbal que está interesado en consolidar la democracia y propone como solución, una asamblea revisora, que no está contemplada en la Constitución y necesitará, como manda la ley, de la reunión de la Asamblea Nacional. Luego dar esta información prosigue resaltando el hecho de que en la actualidad las instituciones políticas y los gobiernos están hundidos en un total descrédito, la falta de propuestas ante los grandes problemas nacionales, el clientelismo, la corrupción, y la impunidad. Con esto hace un rejuego para focalizar que la democracia se logra buscando soluciones y pone en duda el hecho de que la reforma constitucional sea pertinente. Expone que para consolidar la democracia dominicana no hace falta ni consulta, ni asamblea revisora porque lo único que hace falta es voluntad política y deseo de imponer el bien común.

Hace referencia a un artículo publicado en Listín Diario el pasado 23 de diciembre por el vicepresidente de la SCJ, Rafael Luciano Pichardo, titulado: "Constituyente o Asamblea Revisora", el que considera merece comentarse, ya que las llamadas consultas populares han finalizado y casi se procede a cerrar ese proceso, y agrega que el texto de Pichardo se ubica claramente en un enfoque jurídico y en tal sentido debe interpretarse. Sostiene que la preocupación del magistrado Pichardo debe ser asumida con mucha seriedad, ya que la Comisión de Constitucionalistas nombrada por el Presidente Fernández tiene el mandato de traducir en su informe y en sus propuestas el sentir mayoritario de los consultado. Dice que el asunto planteado va más allá del hecho de que las consultas recomienden mayoritariamente o no la vía de la Asamblea Constituyente como la adecuada para la reforma constitucional que se plantea, pero señala que cualquiera que lea las famosas 77 preguntas que guiaron las consultas populares, se da cuenta de que, más allá de la inducción de las respuestas que abiertamente muchas de ellas sugieren, los cambios que se están proponiendo no constituyen una mera reforma, sino un cambio sustancial del texto constitucional, y refiere que todo parece indicar que se quiere una nueva Constitución a lo sumo en la primera mitad de este año.

La Constitución de la República va a ser reformada. La consulta popular es la única oportunidad de preguntarle al pueblo dominicano que es lo que quiere y lo que no quiere para su país. El doctor Leonel Fernández y todos los que con él están trabajando tendrán que estar dispuestos a defender sus posiciones contra aquellos sectores que son partidarios de la Constituyente, negándole al pueblo la oportunidad de elegir. John Jairo Báez, Santiago. No tengo la menor duda de que, el Richard Martínez de la CAASD, es el clásico funcionario que debemos exponer y castigar en la justicia. Noten que sólo ataca a los mensajeros sin refutar los datos ofrecidos por Nuria. Guillén Lorenzo.

Dice que difícilmente el presidente Leonel Fernández e Hipólito Mejía recurran a otro intermediario cuando necesiten reunirse que quien hasta ahora lo ha hecho con tanta eficiencia, y agrega que el jefe del Estado no quisiera que en el Congreso echen por tierra el esfuerzo de meses por adelantar una reforma constitucional que responda a sus expectativas y de los sectores consultados. Expresa que indagó en la alta dirección del PRSC si se le había contactado respecto a la Reforma, ahora que deberá ir a la Asamblea Revisora, y la respuesta fue de que no, por lo que sostiene que Fernández no está procediendo institucionalmente, pues toca puertas informales, ya que debió haberse comunicado o reunido con Ramón Alburquerque, como presidente del PRD, pero lo hizo con Mejía, y advierte que esa fue una movida con implicaciones y -posiblemente-- con consecuencias. Asimismo, destaca que las consultas populares fueron una expresión de populismo, y no estuvo mal; pero cree que Fernández sabe que la Reforma no podrá concretarse hasta que llegue al Congreso, por lo que entiende que la opinión de la gente no es determinante.

Al tratar sobre la reforma constitucional, expresa que esa reforma es un tema del Presidente Fernández, expresando que eso es bueno, porque aunque para algunos politiqueros "no es prioridad", la verdad es que la sociedad reclama a gritos que su Carta Magna sea adaptada a los tiempos modernos, y adecuada a la visión política y económica que rige el mundo de hoy. Dice que como forma de integrar a la mayor cantidad de personas al debate, Fernández se decidió por la "consulta popular", un método ingenioso que además le permitió sortear hasta con cierto éxito el espinoso tema de la asamblea constituyente. Explica que es verdad que se cometió el error de no asignar roles protagónicos a los legisladores ni a la institucionalidad de los partidos, lo que define como una falta grave. Asimismo, sostiene que en contraposición con el pasado reciente, el lugar de utilizar la capacidad de persuasión que tiene el poder para intentar "convencer" a los 20 y tantos legisladores que le faltan, el Presidente eligió el camino del diálogo y el consenso con los demás partidos.

La negativa de los partidos de oposición a respaldar la reforma constitucional, constituye un escollo importante en las intenciones del presidente Leonel Fernández, ya que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no tiene los votos suficientes en el Congreso para introducir modificaciones a la Constitución. De hecho, el propio PLD tendría que llevar a la Asamblea Revisora una posición unificada en torno a las reformas, algo normalmente no es difícil, aunque en este momento existen serias contradicciones internas a propósito de la lucha por la candidatura presidencial. Las diferencias han lesionado las relaciones Gobierno-Congreso, como lo demuestra la posición de los senadores que siguen a Danilo Medina, frente a las versiones de supuestas cancelaciones de danilista en estamentos del Estado. Sin embargo, Medina reiteró ayer que aunque muchos congresistas le siguen, todos finalmente obedecerán la línea que trace el Comité Político. Aun con una posición concensuada, el PLD necesitaría 22 votos adicionales para aprobar las propuestas emanadas de la consulta popular. El PLD tiene los votos necesarios para convocar la Asamblea Revisora, pero requieren las dos terceras partes de los votos, como lo establece la constitución. De 210 legisladores, el PLD cuenta con 118 por lo necesitarían 140 votos.

Al referirse al tema de la reforma constitucional, señala que aunque la dirigencia del PRD y el PRSC han adelantado que no darán su apoyo al modelo de reforma constitucional que promueve el presidente Leonel Fernández, se supo que el Gobierno tiene todo "amarrado" para hacer andar el proyecto tan pronto sea sometido a las cámaras legislativas, y afirma que desde ya se han comenzado a realizar los contactos con diputados opositores que estarían en disposición de apoyar la reforma pese a las advertencias que han sido lanzadas por los partidos que representan en la Cámara baja. Asimismo, destaca que hay quienes creen que el planteamiento de la Asamblea Constituyente solo está en la cabeza de la dirigencia política de algunos partidos y de organizaciones de la llamada sociedad civil que se resisten a que Fernández se lleve los lauros de haber impulsado el proceso de consultas populares.

Con respecto al tema de la reforma a la Constitución de la República se advierte, especialmente desde el área de la oposición, un elevado componente de demagogia y de hipocresía. Más de un sector se ha inclinado por asumir poses frente a la población incauta, pero que, para nada, encaja con una posición de coherencia y de responsabilidad frente al interés y al beneficio colectivo. Por el contrario, sectores como el PRD y PRSC, que se oponen a las reformas planteadas por el presidente Leonel Fernández a través de consultas amplias y democráticas sólo por aparecer llevando la contraria o por sacar provecho jugando al acostumbrado juego de la oposición.

Se muestra totalmente opuesto a la actual gestión gubernamental del Presidente Fernández tocando particularmente la democracia. Considera que la política democrática de Fernández es inversa, ya que dice una cosa cuando está en la oposición y hace otra cuando es gobierno. Expone que el mandatario reclama participación democrática, exige institucionalidad y respeto por las leyes en la oposición, pero tan pronto llega al gobierno desconoce los fundamentos democráticos, viola la ley y se coloca de espaldas al pueblo. Resalta la pasada reforma fiscal como ejemplo, ya que argumenta que luego de la misma ser rechazada por todos los sectores económicos, políticos y sociales, la impuso. ¿Qué pasó con el consenso y con monseñor Agripino Núñez Collado? Expone al tiempo que crítica el hecho de apoyado por el Presidente de la República el secretario de Interior y Policía ha impuesto el terror en las calles del país para lo cual ha creado una policía paralela que anda cerrando negocios y atropellando ciudadanos en franca violación a la Constitución y sus leyes adjetivas. Mientras la construcción del Metro de Santo Domingo es una de las obras más repudiadas por todos los dominicanos. Pero el presidente Fernández dijo que la obra se realizaría por encima de todos. Finaliza dándole el visto bueno al PRD afirmando que quien irrespeta el país es el PLD.

Se pregunta cuántos ciudadanos de a pie conocen en estos momentos sobre los puntos en los que la Constitución será reformada, y agrega que hasta el momento parece ser un asunto de funcionarios, expertos constitucionalistas y algunos que otro grupo, los cuales no son, ni mucho menos, la auténtica representación de la mayoría ciudadana. Dice que el Gobierno y su Presidente no pueden negar que en lo que respecta a ese punto, han actuado y actúan con una manifiesta incoherencia, y agrega que desde mucho antes de alcanzar la mayoría congresional el discurso del PLD y el Presidente Fernández fue reiterativo e invariable en lo que respecta a decantarse por el método de la Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, pero que obtenida la mayoría congresional han optado por una susodicha consulta popular. Expresa que cuesta mucho ser humilde en la victoria y creerse de verdad aquello de que en una democracia auténtica el pueblo tiene la última palabra.

Considera que los tiempos modernos demandan un nuevo Estado, con una nueva estructura y una nueva orientación: creativo, participativo, propulsor, competitivo y eficiente, más cercano al constitucionalismo social y a sus compromisos nacionales, inspirado en las corrientes ideológicas que procuran una mayor protección y defensa de sus intereses, por lo que señala que la reforma constitucional, cualquiera que sea, no es una panacea. Es solo un renacer, un impulso para enrumbar el camino a lo mejor, y que ante ese hecho incontrastable, la consulta popular ha devenido como salvación, para consuelo de los creyentes, pero cree que ingeniar un modelo reformista mediante "consultas populares", inducido, no vinculante, planteado como sustituto de una Asamblea Constituyente, es distorsionante porque enajena las funciones de cada órgano. Agrega que las consultas populares defendida por el presidente Leonel Fernández y avalada públicamente por el Coordinador y miembros la Comisión Especial designada por Decreto, no garantizan nada, ya que no son vinculantes, y dice que el gesto del Presidente y el esfuerzo realizado para darle participación al pueblo en el proceso de reforma pasaría a la historia, si la voluntad popular, ya expresada en forma mayoritaria a favor de la Constituyente, es respetada y no burlada.

Comenta que el Presidente Fernández no llegó a introducir el proyecto que declara la necesidad de reforma constitucional en ocasión de su comparencia ante las cámaras legislativas el pasado 27 de febrero, ya que la comisión ad hoc que trabaja en el documento no lo ha concluido, y refiere que solo después, cuando llegue a puerto la reforma de la Constitución sostenidamente promovida por el Presidente, será cuando podrá calificarse si la experiencia ha sido única, parcialmente distinta o si simplemente no fue sino más de lo mismo, expresando que cualquier afirmación de que la reforma va en tal o cual dirección, de que incluye aspectos y excluye otros, es poco seria e irresponsable. Asegura que los consultados no decidieron, y que por tales razones sorprende la afirmación del Presidente en el discurso de clausura del proceso de consulta. "De manera que estamos confiados, convencidos, seguros de que estarán [los legisladores] a la altura del momento histórico que vive la República Dominicana, refrendando lo que ya el pueblo decidió". Agrega que el mandatario ahora en su alocución del 27 de febrero, habló en una tónica distinta, porque ya no se menosprecia al Congreso, sino todo lo contrario "...la Constitución del siglo XXI debe ser elaborada por los actuales Senadores y Diputados".

Expresa que luego de su malogrado intento de reelegirse, resultado del frustrante saldo de su mandato, Hipólito Mejía ha sentenciado que el continuismo es una desgracia nacional. Al entonar el "mea culpa", el ex mandatario olvida que las circunstancias actuales no tienen parecido a las que precedieron su atropellada repostulación, que para imponerla fue necesario que sus áulicos sortearan no pocos obstáculos, incluido el de acomodar la Constitución a las ambiciones de su mentor. En este sentido se muestra opuesto al discurso de Hipólito y el PRD considerando que tiene actitud oportunista. Agrega que nadie niega que por encima de las desafortunadas políticas que la actual administración ha puesto en ejecución, prevalecen sus aciertos, pero que ni siquiera vistos con lupa de aumento resultarán suficientes para que al jefe de Estado se le deje de advertir que en su empeño de ganar glorias nuevas, corre el riesgo de perder sus glorias actuales. Ahora bien, Hipólito derrochó fuerza moral para aconsejarle a su sucesor que no ejerza el derecho constitucional que el PRD, abusando de la mayoría que entonces tenía en las herraduras de La Feria, consagró en la más reciente reforma de nuestra Carta Orgánica. Por otro lado ocurre, que luego de un largo y cuidadoso proceso de consulta, el Presidente ha expresado interés de someter las sugeridas modificaciones a la Constitución, propuesta que oprime el muro resistente de un PRD que en su momento prefirió hacer del magno Estatuto Político, un espejo de los afanes continuistas de Mejía. En efecto, lejos de consignar la figura del constituyente cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, los perredeístas la reclaman ahora a voz en cuello, acaso como si senadores y diputados hubiesen sido señalados de dedo por el mandatario.

Expone que en la Asamblea Nacional Revisora o Asamblea Nacional Constituyente, los desacuerdos están en la forma, ya que en el fondo existe un acuerdo nacional porque el país demanda una amplia y profunda reforma constitucional. En este sentido, agrega, el presidente Leonel Fernández sabe que lo primero es institucionalizar el país, por lo que está promoviendo un proceso de revolución democrática que tendrá como punta de lanza la reforma a la Constitución. Considerando que llegó la hora de la revolución democrática le hace un llamado al Congreso para que, de una vez por todas, la palabra del pueblo sea escuchada y tomada en cuenta. Esto considerando que de ellos depende que la consulta popular haya valido la pena.

(Higinio Báez Ureña) Rebate al Presidente de la República sobre la forma en que debe ser modificada la Constitución, para lo mismo, utiliza un artículo publicado por el mandatario en la revista FUNGLODE. Sostiene que este artículo contiene muchas contradicciones que borran toda tentativa de elocuencia. "Dice el Presidente que con instituciones democráticas en la que no existe crisis de legitimidad no hay ninguna razón que justifique una reforma de la Constitución por la vía Constituyente. Si las instituciones son democráticas no debería temerse a la participación abierta, horizontal del ciudadano", expresa. Al mismo tiempo indica que, sobre el tema, lo que asombra no es la ignorancia del pueblo que "confunde la Constituyente con la consulta popular". Lo asombroso es que el Presidente se lo crea.

Critica que la consulta popular, siendo tan sólo un instrumento, no es ni puede ser categoría determinante ni definitoria, y agrega que la consulta popular tiene sus méritos, y puede ser útil como método de trabajo, que cobra fuerza distinta en caso de ser referida o llevada a cabo por el Congreso o la Asamblea Revisora, o que la asuma el Poder Constituyente, pero dice que en el primer caso, al igual que las vistas públicas, la consulta no es vinculante, y que así resultó con el informe de expertos y especialistas designados por el Decreto 410-02, en el Gobierno pasado, para la reforma constitucional que postulaba por una Constituyente y una reforma integral, el cual fue echado de lado sólo para que la Asamblea Revisora pariera un ratón, afirmando que eso no hubiera ocurrido jamás en una Constituyente, y refiere que si se habla de la necesidad de una verdadera "Revolución Democrática", ¿Por qué no acometerla desde la Constituyente, y empecinarse en darle a una consulta popular o populista, que puede ser valiosa, una categoría que no tiene?

La reforma a la Constitución es un tema que venimos debatiendo como una gran necesidad nacional. Son muy pocos los juristas, políticos y opinadores que se oponen a que el texto de nuestra Carta Magna se ajuste a los requerimientos de los nuevos tiempos. La población, en su inmensa mayoría, desea que se materialice su nuevo Pacto Fundamental. Tiene la esperanza de que no sea un simple pedazo de papel, como se han considerado las anteriores, ni una vitrina que sólo sirva para maravillar a los estudiosos extranjeros. Sabemos que la efectividad de la Ley Suprema dependerá de la correlación de fuerzas entre los factores reales de poder de la sociedad. Ellos determinarán la suerte de este nuevo esfuerzo que afectará las superestructuras jurídicas de la nación. Por tanto, la próxima Constitución tiene que reflejar lo más fielmente posible la constitución social de la nación. Es la única garantía de que el texto que se apruebe no sea letra muerta. Es evidente que se necesita algo más que la voluntad política del presidente Leonel Fernández para llevar a feliz término esa gran tarea de reorganización del país. Recordemos que la Consulta Popular fue realizada exitosamente. Todas las personas y los sectores sociales que tenían algo que decir sobre el tema, tuvieron la libertad de decirlo sin cortapisas ni censuras. Además, la Comisión de Juristas que se encargó de redactar el contenido de lo que podrá ser la nueva Ley de leyes, cumplió con su trabajo. El Presidente de la República recibió ese texto y lo tiene bajo ponderación. Ha trascendido a la opinión pública que Leonel Fernández está decidido a someter al Congreso la propuesta. Sin embargo, diversas situaciones vienen impidiendo que esa voluntad se manifieste plenamente.

Magos en manipulación, los perredeístas, tomando de tontos a los dominicanos, burlándose de su inteligencia, enarbolan la bandera de la Constituyente para que el país se dé un nuevo contrato que norme la vida política y jurídica de la nación. No hay sonrojo, el olímpico descaro y desprecio por la memoria colectiva de los que habitamos en este trozo de tierra caribeño, les hace pensar que como titiriteros pueden ponernos a bailar al ritmo de sus intereses, tan variados y volátiles, como su deforme fisonomía programática e ideológica. Desde el poder, con el control de todos los estamentos del Estado, la simpatía de la sociedad civil y los poderes fácticos, no fueron capaces de promover una constituyente que nos diera un contrato social moderno. Todo lo contrario, durante el período de gobierno que encabezó su último presidente, caracterizado por la arrogancia, convocaron una asamblea revisora, mediante todo tipo de trampas, sólo para reformar un artículo que le permitiera a Hipólito optar por un nuevo mandato presidencial. En ese momento los titiriteros tenían interés en que el pueblo bailara al ritmo de la chapucería que armó la Asamblea Revisora. Ahora, después que el presidente Leonel Fernández creó una comisión encargada que redactar la nueva Carta Magna, la que recorrió todo el país en consultas para elaborar un documento de consenso, proponen una constituyente pensando que podrían ganar la mayoría para volver a sus acciones chapuceras y colocar sobre la Constitución la sombra del desordenado pensamiento que les agrupa en una compleja organización que lleva el caos a todo lo que toca. Nuestro Víctor Frankenstein no puede tener el control en la elaboración de la Constitución, porque el producto sería algo más desastroso que un cuerpo compuesto por parte de cadáveres diseccionados. Las consultas fueron productivas, por ello se cuenta con un proyecto de reforma integral que procura darnos una sociedad moderna, transparente y progresista. Aquí deben terminar los parches que respondan a intereses personales o grupales.

Acusa al Presidente Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana de eliminar “la Constituyente” de la reforma constitucional presentada al Congreso Nacional, obviando los resultados de la Consulta Popular, y aún más grave, las recomendaciones hechas en abril de 2007 por la Comisión de Juristas designados por el propio Presidente Fernández. Dice que en el proyecto depositado al Congreso Nacional, se eliminó la propuesta de Capítulo III titulada “De la Asamblea Constituyente”, dentro del Título XIII sobre “Disposiciones General y Transitorias”. Asumo que, en las decisiones del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, se acordó esto. Lamenta la eliminación de “la Constituyente” del proyecto de reforma es que estamos en presencia, como dije en mi entrega anterior, no de una reforma parcial, sino de una reforma íntegra, que, usando la expresión de los juristas españoles contratados por la Comisión Ejecutiva de la Reforma Constitucional, es una “quiebra constitucional”, una ruptura del ordenamiento jurídico e institucional.

El documento que el Presidente de la República depositó en el Congreso Nacional con el fin de que sirviera de marco de referencia a la discusión constitucional, que no debe ser llamada Reforma sino una nueva Carta Magna, tiene varios artículos que asustan. De aprobarse tal y como fue enviado, tomando en cuenta que el Presidente de la República es también presidente del Partido de la Liberación Dominicana, cuya Comisión Política ya discutió dicho documento; y que, aún cuando le falten votos para alcanzar las dos terceras partes necesarias ese partido dispone de amplia mayoría en ambas cámaras, se alejaría muchísimo de aquélla constitución progresista y liberal del año 1963 cuando Juan Bosch era el presidente de todos los dominicanos. El artículo 6, por ejemplo, menciona el desarrollo de la integración vial y productiva en la zona fronteriza, lo que está muy bien, a no ser porque vincula éste con la “difusión de los valores culturales y la tradición religiosa del pueblo dominicano”, como si el problema haitiano fuera una cuestión teológica y no un negocio que durante siglos ha beneficiado a unos pocos, cosa que ninguno de nuestros gobiernos se ha atrevido a enfrentar. El 86.8% de los que participaron en la Consulta Popular para la Reforma Constitucional votaron a favor de la ampliación del derecho de los ayuntamientos a la iniciativa legislativa y el 91.4% estuvo de acuerdo en que la Constitución, y no el presidente, definiera los principios para la creación y organización del régimen municipal.

Uno de los argumentos del Presidente Fernández para descartar la Constituyente fue que la Consulta Popular que precedió a la elaboración del proyecto de reforma constitucional que presentó ante el Congreso es mucho más democrática, después de haber defendido lo contrario durante años. Una Consulta Popular no es más democrática que una Asamblea Constituyente. Razones: se puede producir autoexclusión, con posibilidad de ser masiva. Además, la mayoría de los participantes pueden pertenecer a un partido político. Cuando los resultados de la Consulta no son vinculantes, ni jurídica ni políticamente, se pueden desconocer los acuerdos, incluso los votados por mayoría absoluta de los participantes. El desconocimiento puede llegar, incluso, sobre temas esenciales. Por otro lado, una Consulta Popular no es excluyente de una Asamblea Constituyente para realizar una reforma constitucional, sobre todo cuando la reforma propuesta determina decisión sobre una nueva Constitución. Una Constituyente puede partir, y es bueno que así sea, de los resultados de una Consulta Popular como material de trabajo. O de la reelaboración realizada por una comisión de juristas.

En el ámbito económico, el término “blindado” está muy desgastado. Los efectos de la crisis, a pesar del “blidaje”, los estamos sintiendo. A diferencia de lo sucedido en el ámbito económico, en la reforma constitucional, el presidente Leonel Fernández se aseguró de que, al menos en el texto que depositó en el Congreso Nacional, el articulado relativo a la reelección presidencial estuviera realmente blindado. Oportuno es recordar que, de la Consulta Popular, el 54% afirmó que la reelección debía mantenerse tal como está el artículo 49 en la actual Constitución, es decir, que el Presidente, después de una segunda repostulación, no podría aspirar jamás a esta posición. Tal como lo hizo con el 60% de los resultados de la Consulta Popular, Fernández remitió una propuesta totalmente distinta, y por ello, propuso el siguiente texto: “Artículo 104. El Presidente de la República será elegido cada cuatro años por voto directo. Podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo, así como luego del intervalo de un mandato presidencial diferente”. Adicionalmente a esta disposición, y en el interés de blindar aún más a la reelección, se propuso en el numeral 2 del Artículo 244 una disposición que ha sido, hasta ahora, muy poco comentada: