Viernes, 12 de enero de 2007

Secretaria Educación. CONVOCA MAESTROS Y ALUMNOS A

Hoy / Noticia

La secretaria de Educación, Alejandrina Germán, convocó ayer a profesores y estudiantes a participar en el proceso de consulta popular para la reforma constitucional, que a partir de hoy inicia el debate para el sector educación. Aseguró que la reforma a la Carta Magna ofrece una magnifica oportunidad para el inicio de una verdadera revolución democrática que permita corregir fallas institucionales, modificar prácticas políticas indeseables y crear la base para un desarrollo económico y social sostenible. Germán pronunció el discurso de apertura en el acto de inicio de las consultas sobre la reforma a la Constitución, celebrado en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), al que asistieron cientos de profesores y estudiantes.

CONSTITUCION, ESTADO SOCIAL Y ADMINISTRACION

Hoy / Artículo

Describe algunos puntos relacionados con la Constitución, el Estado Social y la Administración, señalando que el interés general en un Estado Social y Democrático de Derecho como quiere y manda el Artículo 8 de la Constitución radica en la protección del ejercicio de los derechos fundamentales por parte de todas las personas, pero principalmente de las más desfavorecidas. Indica que el Derecho Administrativo tiene innegables bases constitucionales y éstas no solo son las del constitucionalismo liberal sino fundamentalmente las del constitucionalismo social, y que el Derecho Administrativo es Derecho Constitucional concretizado, pero el Derecho Constitucional no solo es el Derecho de las libertades individuales sino también el de las libertades sociales, pero agrega que todo verdadero Derecho Administrativo es, por tanto, Derecho Administrativo Social, si partimos de que la misión fundamental del Estado es la protección de una persona socialmente situada. Considera que sólo tomando en serio la cláusula implícita del Estado Social y los expresamente consagrados derechos sociales, estrecharemos la distancia entre el ser de la Administración con el deber ser de la Administración social y constitucionalmente vinculada, por lo que afirma que la reforma constitucional es una oportunidad para dar este paso.

PIDE RESPETAR PROPUESTAS (REYNA ADVIERTE SE RESPETE LA CONSULTA POPULAR)

Hoy / Noticia

El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Roberto Reyna, advirtió ayer sobre las consecuencias que tendría para la institucionalidad del país que no se respeten las propuestas de reformas a la Constitución hechas por los diferentes sectores de la nación. Sostuvo que la sociedad dominicana no aceptaría cambios en la Carta Magna que no provengan del sentir popular. Dijo que si hoy existen dificultades para el conocimiento de la Constitución, por parte de la mayoría de los dominicanos, es porque los cambios que ha tenido la Carta Magna se han hecho de espaldas a la sociedad. Reyna invitó a todos los estudiantes universitarios a participar en las consultas, tras destacar la magnífica oportunidad que estas ofrecen para sugerir cambios fundamentales a la Carta Magna, los que cree cambiarían el curso del país en todos los aspectos, social, económico, educativo, medioambiental, sanitario y de otras áreas. Recordó que esa academia hizo una consulta popular de modificación a la Constitución, en base a cien preguntas cuyos resultados fueron entregados a la comisión de juristas que creó por decreto el presidente Leonel Fernández, para que sean tomadas en consideración. Consideró que el derecho a la educación en el sentido más amplio tiene que ser incluido en el nuevo texto que salga del actual proceso, así como el derecho a las minorías, a la seguridad social y al ambiental de todos los dominicanos. "Si esto se puede garantizar mediante un método como el que se ha llevado, no debemos tener ningún tipo de preocupación con respecto a que el proceso se lleva a cabo por una Constituyente o por una Asamblea Revisora", dijo.

COCTELERA

Hoy / Artículo

Considera que es justo decir que el presidente Leonel Fernández tiene una cachaza oriental, ya que sigue adelante en sus esfuerzos por dotar al país de una Carta Magna moderna, que satisfaga los requerimientos actuales, y dice lo de cachaza, porque el Presidente lo que más tiene que escuchar, con razón o sin ella, es que se le exige que impulse programas dirigidos a una inmediata recuperación de la economía o una racionalización del gasto público y de las obras públicas. Expresa que el jefe del Estado está consciente de que la base constitucional y legal del país reclama cambios sustanciales y no se le aprieta el pecho para buscarlos, con el auxilio de la propia sociedad, a cuyos más connotados grupos de presión recurre para oír pareceres. También, explica que si bien es cierto que el mandato presidencial y el supuesto exceso de facultades otorgados al Presidente son temas de gran importancia, las reformas a la Constitución tienen que contemplar enunciados vitales vinculados a la nacionalidad, a la salud, a la educación, al Poder Judicial, y otros. Asimismo, dice que respalda con todo entusiasmo la propuesta formulada por Fernández, para crear un Código de la Comunicación de la RD, y que está de acuerdo que algunas informaciones tienen que ser "protegidas" por un período determinado.

EDUCACION PRESENTA PROPUESTAS PARA REFORMA

Diario Libre (Diario) / Noticia

La Secretaria de Educación presentó ayer su propuesta sobre la reforma constitucional, en el inicio del proceso de consultas del sector educativo para la modificación de la Constitución. La cartera estatal propuso que se lleve a la reflexión los derechos individuales, sociales, culturales del pueblo, además de la representación política de las minorías, garantías constitucionales, un fortalecimiento de los ayuntamientos y una descentralización de la gestión pública. Alejandrina Germán, titular de Educación, dijo que "la trascendencia de este proceso de consultas es que permita la participación popular, contrario a lo tradicional en el sentido de que la norma a nivel planetario es que las constituciones las hacen expertos sobre la base de principios y reglas establecidas, en su gran mayoría, como inmutables".

EDUCACIÓN DISCUTE GRANDES ACCIONES PARA LOS AÑOS 2007 Y 2008

El Nuevo Diario / Noticia

La Secretaría de Estado de Educación (SEE) inició este jueves la discusión de un amplio programa sobre Políticas de Formación, Capacitación y Actualización del Magisterio Nacional que abarcará los próximos dos años, y las nuevas acciones a seguir en torno al Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación. Las autoridades del sector educativo, encabezadas por la licenciada Alejandrina Germán, abordan los principales proyectos a ejecutar durante este y el próximo año. Por otro lado, se destaca que la Secretaría de Educación inició este jueves el calendario de consultas sobre la Reforma Constitucional en el sector educativo, a realizarse en distintos puntos del país con la participación de los diferentes actores de la comunidad educativa.

Artículos

COCTELERA

MEDIO DE COMUNICACION

Hola, mi querido Magino! Usted sabe, viejito charlatán, que el coctelero favorece una reforma constitucional, aún cuando, en varias ocasiones, se ha pronunciado por una Constituyente para hacer los cambios de lugar.
Justo es decir, caro amigo, que el presidente Leonel Fernández tiene una cachaza oriental, pues sigue adelante en sus esfuerzos por dotar al país de una Carta Magna moderna, que satisfaga los requerimientos actuales. Y digo lo de cachaza, porque el presidente lo que más tiene que escuchar, con razón o sin ella, es que se le exige que impulse programas dirigidos a una inmediata recuperación de la economía o una racionalización del gasto público y de las obras públicas. O que apriete la caña en cuanto a la seguridad ciudadana se refiere. Maginito, felizmente, el jefe del Estado está consciente de que la base constitucional y legal del país reclama cambios sustanciales y no se le aprieta el pecho para buscarlos, con el auxilio de la propia sociedad, a cuyos más connotados grupos de presión recurre para oír pareceres...
El Coctelero no es de aquellos que creen que la reforma constitucional tiene que versar, exclusivamente, en relación a la duración del período presidencial o a la reducción de los poderes concebidos al mandatario por virtud del artículo 55 de la Carta Sustantiva, poderes que, por otra parte, en ocasiones se quieren convertir en leyendas. Si bien es cierto que el mandato presidencial y el supuesto exceso de facultades otorgados al jefe de la administración pública son temas de gran importancia, las reformas a la Constitución tienen que contemplar enunciados vitales vinculados a la nacionalidad, a la salud, a la educación, al Poder Judicial, a los derechos de la persona humana y sus garantías, entre otras cosas, enunciados que serían regulados por leyes adjetivas, ya que la citada Constitución no puede extenderse tanto como las Memorias de Rocambole... Independientemente de esas reformas, mi querido viejo, el país tiene que adecuarse a la implementación de leyes que destierren instrumentos que pudieron desempeñar su papel en épocas remotas, aunque algunos también fueran usados en forma caprichosa y canallesca por gobiernos con visos dictatoriales. Por eso, Maginito querido, respaldo con todo entusiasmo la propuesta formulada por el presidente Fernández, para crear un Código de la Comunicación de la República Dominicana así como también un Código de la Cultura. Es claro, muy claro, que el avance de las comunicaciones en el país, en los últimos años, reclama de leyes modernas, respetuosas de las libertades públicas y de los derechos humanos. Por eso, viejo querido, es lógico que se piense en dictar instrumentos que regulen la radio, la televisión y la publicidad, teniendo siempre el cuidado extremo de no tocar áreas que vulneren las libertades públicas, pero sí que preserven la decencia por encima de todas las cosas. De igual manera se contempla la modificación o reemplazo de la ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, que data de 1962, y que el presidente Fernández conoce mejor que cualquiera otra persona, por haber lidiado con ella en sus actuaciones en los tribunales, en su calidad de abogado... Es aplaudible que producto de esos cambios, desaparezca la malhadada Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía, así como el Reglamento 824, adefesios que deberían avergonzarnos a todos, así como que también se introduzcan las reformas a las leyes de Telecomunicaciones, que gobiernos abusadores usaron para cercenar libertades públicas con la aplicación de medidas puramente administrativas como sanciones a quienes no se plegaban a sus exigencias. Hay que hacer constar que el salto que ha dado la televisión en el país es algo prácticamente dramático y las pocas regulaciones que puedan existir datan de los días en que la radio era el vehículo más poderoso. Hoy este país dispone de más canales comerciales que cualquiera grande potencia europea, sin contar las estaciones que operan por cables nacionales y los que llamaríamos municipales. Eso es algo que no se puede dejar por la libre, pues hay una responsabilidad frente al usuario que compra el servicio... Entiendo que el mandatario tiene toda la razón cuando se refiere a la Ley de Clasificación de la Información. Sé que eso nos desagrada a los periodistas, que preferimos la rumba abierta para baile. Pero es muy claro que los Estados necesitan proteger cierto tipo de información. Eso no significa, sin embargo, que se respalde la práctica pusilánime que siguen algunos funcionarios, que consideran secreto de Estado hasta el robo de unos cuantos galones de gasolina en la dependencia que administran. Estoy de acuerdo, empero, que algunas informaciones tienen que ser "protegidas" por un período determinado. Fíjese usted, Magino, que en Estados Unidos, el país donde más información se consigue -aunque también aparece la desinformación- todavía hay material vinculado con la participación norteamericana contra dictaduras latinoamericanas que no se ha puesto al servicio público. Creo, Magino, que debemos respaldar el proyectado Código de la Información y reclamar que éste sea un instrumento de avance, de progreso y de libertad.

CONSTITUCION, ESTADO SOCIAL Y ADMINISTRACION

EDUARDO JORGE PRATS

Tradicionalmente, el Derecho Administrativo, en tanto Derecho de la Administración y de las relaciones de los administrados con ésta, se ha desarrollado a espaldas de la Constitución. Hoy, sin embargo, el Derecho Administrativo solo puede concebirse partiendo del dato fundamental de la constitucionalización del Derecho, que obliga necesariamente a estudiar la Administración mediante la adecuación de las instituciones administrativas al deber ser constitucional.
Hoy no puede hablarse de que la misión de la Administración es simple y llanamente servir el interés general por lo que debe gozar de una serie de prerrogativas como la presunción de legalidad de sus actuaciones, la ejecutoriedad de sus actos, la inembargabilidad de sus bienes, y la potestad sancionadora. Ello así porque el interés general se encuentra precisamente en la finalidad principal del Estado que, conforme al Artículo 8 de la Constitución, es la protección efectiva de los derechos de la persona. Esto así, el interés general no puede ser otro que la promoción de los derechos fundamentales y ello exige que el Estado no se encierre en sí mismo y, muy por el contrario, requiere que la Administración se abra al público y al foro público, como bien evidencian los mecanismos de consulta pública de las propuestas reglamentarias consagrados por la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley Monetaria y Financiera y la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública.
Pero más aún: el interés general en un Estado Social y Democrático de Derecho como quiere y manda el Artículo 8 de la Constitución radica en la protección del ejercicio de los derechos fundamentales por parte de todos las personas, pero principalmente de las más desfavorecidas. Y es que a la Constitución le preocupa no la persona considerada in abstracto como en el Derecho Privado sino la persona socialmente situada. Por eso el Artículo 8 garantiza no solo los derechos individuales sino también los sociales y por eso el Artículo 100 establece que la República no solo condena la desigualdad formal sino también "toda situación que tienda a quebrantar la igualdad de todos los dominicanos". Este último mandato constitucional constriñe al Estado a remover todos los obstáculos que impidan no solo la igualdad formal sino también la igualdad sustancial, la igualdad social.
Es por este reconocimiento de que la finalidad principal del Estado es la protección efectiva de los derechos de la persona y de que esta persona no puede perfeccionarse progresivamente viviendo solo en un orden de libertad individual sino que requiere, además, un orden de justicia social, que el Estado debe estimular la integración efectiva a la vida nacional de los campesinos (Artículo 8.13.a), que los poderes públicos deben proteger a las madres y garantizar su derecho a la asistencia oficial en caso de desemparo (Artículo 8.15.a), y que el Estado debe estimular el crédito público para "hacer posible que todos los dominicanos posean una vivienda cómoda e higiénica" (Artículo 8.15.b), por solo citar algunas de las prestaciones sociales a las cuales se encuentra obligado el Estado por ser Estado Social.
Lo anterior obliga no solo a replantearse las instituciones del Derecho Administrativo a la luz constitucional sino también a que todo esfuerzo de reforma constitucional conciba a la Administración desde una óptica iusfundamental que debe ser necesariamente una óptica socialmente vinculada. El Derecho Administrativo tiene innegables bases constitucionales y éstas no solo son las del constitucionalismo liberal sino fundamentalmente las del constitucionalismo social. El Derecho Administrativo es Derecho Constitucional concretizado pero el Derecho Constitucional no solo es el Derecho de las libertades individuales sino también el de las libertades sociales.
Todo verdadero Derecho Administrativo es, por tanto, Derecho Administrativo Social, si partimos de que la misión fundamental del Estado es la protección de una persona socialmente situada. El Derecho Administrativo es, entonces, Derecho Administrativo de la procura existencial, sobre todo en un país que, como la República Dominicana, se caracteriza por graves y profundas desigualdades sociales.
Sólo tomando en serio la cláusula implícita del Estado Social y los expresamente consagrados derechos sociales, estrecharemos la distancia entre el ser de la Administración con el deber ser de la Administración social y constitucionalmente vinculada. La reforma constitucional es una oportunidad para dar este paso.